El peligro de abandonar la verdad como fundamento
A lo largo de la historia humana, el poder ha sido una realidad inevitable. Toda sociedad necesita algún tipo de autoridad capaz de organizar la vida común, proteger a los vulnerables y establecer reglas que hagan posible la convivencia. En ese sentido, el poder no es en sí mismo una anomalía moral. Puede ser necesario e incluso legítimo.
Sin embargo, existe una diferencia decisiva entre el poder entendido como medio y el poder entendido como fin. Cuando el poder es un instrumento, se encuentra subordinado a algo mayor: la justicia, el bien común, la verdad o la dignidad humana. En ese marco, la autoridad se evalúa según el servicio que presta a esos bienes superiores.
Pero cuando el poder se convierte en fin en sí mismo, la estructura moral de la sociedad cambia profundamente. El poder deja de ser evaluado por referencia a la verdad o a la justicia. Comienza a justificarse por su propia existencia.
Lo importante ya no es si algo es verdadero o justo. Lo importante es quién tiene la capacidad de imponer su visión.
Ese desplazamiento conceptual constituye uno de los cambios culturales más significativos de nuestro tiempo.
El paso desde la verdad al poder
Durante siglos, gran parte de la tradición filosófica occidental partía de una convicción relativamente simple: la realidad posee una estructura que el pensamiento humano intenta conocer. La verdad era entendida como correspondencia con esa realidad. El debate intelectual consistía, al menos idealmente, en aproximarse a ella. Incluso cuando existían desacuerdos profundos, la discusión suponía que existía algo que podía ser verdadero o falso independientemente de la voluntad humana.
En las últimas décadas, sin embargo, esa convicción ha sido cuestionada con creciente intensidad. Diversas corrientes culturales han insistido en que lo que llamamos verdad está profundamente condicionado por estructuras sociales, intereses históricos y dinámicas de poder. La crítica no carece de fundamento. Es evidente que las sociedades pueden distorsionar la verdad para proteger privilegios o justificar sistemas injustos. Pero el problema aparece cuando esa observación se transforma en una conclusión total: cuando se afirma que toda verdad es simplemente una construcción del poder.
En ese momento, la relación entre verdad y poder se invierte. Ya no es el poder el que debe justificarse frente a la verdad. Es la verdad la que aparece como producto del poder.
El poder como horizonte moral
Una vez que la verdad pierde su autonomía, el poder comienza a ocupar su lugar. Esto no significa necesariamente que las personas comiencen a defender abiertamente el dominio o la opresión. El fenómeno suele presentarse en términos más sofisticados. El discurso moral sigue hablando de justicia, dignidad o liberación. Pero en la práctica esos conceptos se interpretan dentro de una lógica donde lo decisivo es la capacidad de imponer una determinada narrativa.
La pregunta central deja de ser «¿esto es verdadero?» o «¿esto es justo?». La pregunta pasa a ser: «¿quién tiene la autoridad cultural para definirlo?». En ese punto, el poder deja de ser una herramienta para alcanzar ciertos fines morales. Se transforma en el mecanismo mediante el cual esos fines son definidos.
El poder no sirve a la verdad. La reemplaza.
La tentación de la omnipotencia cultural
Cuando el poder se convierte en el horizonte último de la vida pública, emerge una tentación que la historia conoce bien: la aspiración a controlar no solo las acciones, sino también las interpretaciones. El poder político tradicional buscaba controlar territorios o poblaciones. El poder cultural contemporáneo aspira con frecuencia a algo más amplio: definir el lenguaje mediante el cual las personas comprenden la realidad.
En ese contexto, las disputas sociales se transforman progresivamente en disputas por el control del significado. Quien logra establecer los términos del debate posee una ventaja decisiva. Puede determinar qué ideas aparecen como legítimas, qué discursos se consideran aceptables y qué perspectivas quedan fuera del espacio público. La lucha por el poder se traslada entonces al nivel más profundo de la cultura: la definición misma de lo que puede considerarse verdadero.
El problema moral
El problema de esta lógica no es solo político. Es moral y antropológico. Una sociedad que convierte el poder en su fin último pierde gradualmente la capacidad de juzgar el poder mismo. Si la autoridad define lo verdadero, entonces cualquier victoria cultural puede presentarse como una forma de justicia.
La historia muestra con claridad el riesgo de este razonamiento. Cuando el poder deja de ser evaluado por referencia a la verdad, su expansión tiende a justificarse por sí misma. El dominio puede aparecer como progreso, la imposición como liberación y la coerción como corrección moral.
El lenguaje puede variar, pero la lógica permanece. En ausencia de una verdad que trascienda al poder, el poder no encuentra límites claros.
La afirmación cristiana
La tradición cristiana introduce una afirmación que altera radicalmente este panorama: el poder no es la realidad última. La realidad última es la verdad.
Esta convicción no surge de una teoría política ni de un programa ideológico. Nace de una visión teológica de la existencia. Según la fe cristiana, el mundo no es el resultado de una voluntad arbitraria ni de una lucha interminable entre fuerzas impersonales. El mundo es creación. Existe porque ha sido querido por Dios y porque está sostenido por su palabra. En esa perspectiva, la realidad posee una estructura moral que no depende de la voluntad humana ni de la capacidad de imponer interpretaciones.
La Escritura presenta a Dios no solo como creador, sino también como verdad y justicia. La verdad no es simplemente una construcción conceptual; pertenece al carácter mismo de Dios y a la forma en que el mundo ha sido ordenado. Por esa razón, la verdad no puede ser fabricada por el poder ni alterada por la voluntad de quienes lo ejercen.
Sin embargo, el cristianismo afirma algo aún más radical. Para la fe cristiana, la verdad no es solo una idea ni un principio filosófico. La verdad es una persona.
En el Evangelio de Juan, Jesucristo declara: «Yo soy el camino, la verdad y la vida» (Juan 14:6). La verdad no es únicamente un concepto que el ser humano intenta alcanzar mediante reflexión intelectual. Se ha revelado en la persona misma de Cristo. En Él, la realidad última de Dios se hace visible dentro de la historia humana.
Esta afirmación tiene consecuencias profundas para la comprensión del poder. Si la verdad es una persona que trasciende toda autoridad humana, entonces ningún poder puede reclamar soberanía absoluta. Toda forma de autoridad, ya sea política, cultural o intelectual, se encuentra situada dentro de un orden que no ha creado y que no puede modificar a su conveniencia.
El poder puede organizar la vida social, establecer normas, proteger el orden público y promover el bien común. Pero no puede redefinir la estructura moral de la realidad. No puede convertir lo injusto en justo simplemente porque dispone de la fuerza necesaria para imponerlo. No puede transformar la falsedad en verdad mediante control cultural o institucional.
En términos bíblicos, el poder humano siempre se encuentra bajo juicio.
Esta idea atraviesa toda la narrativa de la Escritura. Los reyes de Israel, los imperios que dominan la historia bíblica y las autoridades que aparecen en el relato del Evangelio nunca son presentados como soberanos absolutos. Siempre existe una palabra que puede confrontarlos. Siempre existe una verdad que puede desenmascarar sus pretensiones.
Por eso resulta profundamente significativo que, en el momento en que el poder imperial romano juzga a Jesús, el gobernador Pilato formule una pregunta que resume el drama de toda la historia humana: «¿Qué es la verdad?» (Juan 18:38). La pregunta no surge en un seminario filosófico, sino en un tribunal donde el poder político decide sobre la vida y la muerte.
El Evangelio responde a esa escena de manera paradójica. El poder parece triunfar momentáneamente, pero la verdad no es anulada por la fuerza. La cruz misma se convierte en testimonio de que el poder humano, incluso en su forma más brutal, no posee la última palabra sobre la realidad.
La fe cristiana afirma, por tanto, que ningún poder humano puede reclamar autoridad total. Siempre existe una instancia que lo trasciende, lo evalúa y lo juzga.
La verdad no pertenece al poder. Es el poder el que, finalmente, deberá responder ante la verdad.
El límite necesario
Esta idea introduce un principio que resulta decisivo para la vida pública: el poder necesita límites. No solo para proteger a los gobernados, sino también para proteger al propio poder de su tendencia natural a expandirse. A lo largo de la historia, una de las lecciones más persistentes de la experiencia política es que el poder, cuando no encuentra resistencia moral o institucional, tiende a ampliarse progresivamente. No porque todos los gobernantes sean necesariamente malintencionados, sino porque la lógica misma del poder favorece su propia conservación y extensión.
Por esa razón, las sociedades que han valorado la libertad han desarrollado distintos mecanismos para contenerlo: leyes, constituciones, división de poderes, tradiciones morales, y una cultura pública que reconoce que ninguna autoridad humana posee legitimidad absoluta. Todas estas estructuras descansan, explícita o implícitamente, sobre una convicción más profunda: el poder no es soberano. Existe algo anterior y superior a él.
Si existe una verdad que precede al poder, entonces el poder puede ser evaluado. Puede ser legítimo o ilegítimo, justo o injusto, responsable o corrupto. Ninguna autoridad puede reclamar que su voluntad constituye por sí misma la medida de lo correcto. Siempre existe una instancia desde la cual el poder puede ser juzgado.
En ese sentido, la verdad cumple una función que va más allá del ámbito intelectual. Cumple una función política y moral. Actúa como límite. Permite que la autoridad sea cuestionada sin que ese cuestionamiento se convierta automáticamente en una amenaza al orden social. La crítica al poder se vuelve posible precisamente porque el poder no es la instancia final.
Cuando esa convicción desaparece, el equilibrio se altera profundamente.
Si el poder se convierte en fin en sí mismo, la crítica pierde fundamento. Ya no existe una referencia externa desde la cual evaluar las decisiones de quienes gobiernan o de quienes dominan el espacio cultural. Toda oposición puede reinterpretarse como resistencia al nuevo orden dominante, como obstáculo al progreso o como amenaza al consenso que el poder pretende consolidar.
En ese contexto, el debate público deja de ser una búsqueda compartida de verdad y se transforma gradualmente en una competencia por control cultural. Las distintas posiciones no se enfrentan principalmente para discernir qué es verdadero o justo, sino para determinar quién posee la autoridad necesaria para definirlo.
Pero una sociedad donde el poder no reconoce límites externos se vuelve vulnerable a una transformación peligrosa. El poder comienza a protegerse de cualquier cuestionamiento redefiniendo las categorías morales mismas. Aquello que fortalece al sistema se presenta como justo; aquello que lo desafía aparece como irresponsable o subversivo.
Por eso, paradójicamente, el poder necesita ser limitado también para preservarse a sí mismo. Cuando el poder se absolutiza, no solo amenaza la libertad de la sociedad que gobierna. También termina erosionando su propia legitimidad. La autoridad que no reconoce límites acaba generando resistencia, desconfianza y, finalmente, inestabilidad.
Las sociedades libres han comprendido, a lo largo de siglos de experiencia política, que el poder solo puede ser saludable cuando reconoce que no lo es todo. Necesita estar situado dentro de un orden moral más amplio que lo juzgue, lo corrija y, cuando sea necesario, lo detenga.
Ese orden no surge del poder mismo. Precisamente por eso puede limitarlo.
Una advertencia para nuestra época
La cultura contemporánea ha desarrollado una profunda sospecha hacia las afirmaciones de verdad. Esta actitud ha surgido, en parte, como reacción a abusos históricos. Durante siglos, diversas instituciones invocaron la verdad para justificar privilegios, excluir voces disidentes o consolidar estructuras injustas. La desconfianza frente a esos usos del lenguaje moral no es difícil de comprender. Muchas de las críticas modernas nacen precisamente del deseo de impedir que la autoridad se esconda detrás de discursos incuestionables.
Sin embargo, existe el riesgo de que la cura termine generando una enfermedad más profunda. Cuando la sospecha hacia la verdad se radicaliza hasta negar que exista cualquier referencia objetiva, el espacio moral de la sociedad queda vacío. En apariencia se ha debilitado el poder, pero en realidad solo se ha eliminado el único principio capaz de juzgarlo.
Cuando la verdad es descartada como fundamento, el poder no desaparece. Simplemente ocupa su lugar. En ese nuevo escenario, la pregunta moral deja de ser qué es verdadero o qué es justo. La pregunta pasa a ser quién posee la capacidad de definirlo. El debate público ya no gira en torno a la búsqueda de la realidad, sino en torno a la conquista de la autoridad cultural necesaria para establecerla.
El cambio puede parecer sutil al comienzo, pero sus consecuencias son profundas. Cuando el poder se convierte en el horizonte último de la vida social, deja de ser un medio para alcanzar ciertos bienes. Se transforma en el bien mismo. La legitimidad ya no proviene de su conformidad con la verdad o con la justicia, sino de su eficacia para imponerse.
La historia muestra con claridad hacia dónde puede conducir esta lógica cuando se desarrolla plenamente. Los sistemas políticos más opresivos del siglo XX no comenzaron afirmando que deseaban la tiranía. Comenzaron proclamando que encarnaban una verdad histórica superior que debía reorganizar toda la sociedad. Una vez que el poder se identificó con esa supuesta verdad, cualquier límite desapareció. El Estado, el partido o la ideología adquirieron un carácter casi absoluto. En ese punto emerge lo que podríamos llamar una dictadura totalizante.
No se trata únicamente de una dictadura política en el sentido clásico, limitada al control de las instituciones del Estado. Es una forma de poder que busca penetrar todas las dimensiones de la vida social. El lenguaje, la educación, la memoria histórica, la cultura y la moral quedan progresivamente subordinados a la lógica del sistema. Todo existe, en última instancia, para preservar el poder y para ampliarlo.
La característica más inquietante de este tipo de orden no es solo la coerción visible, sino su pretensión de totalidad. El poder ya no se limita a gobernar; pretende definir la realidad misma. Lo verdadero es aquello que fortalece el sistema. Lo falso es aquello que lo amenaza.
En tales contextos, la libertad se vuelve cada vez más frágil. No porque desaparezca toda forma de elección individual, sino porque el marco dentro del cual esas elecciones adquieren significado ha sido previamente definido por el poder dominante.
Por esa razón, la cuestión fundamental para cualquier sociedad libre no es simplemente cómo distribuir el poder, sino cómo limitarlo. Y ese límite solo puede existir si hay algo que el poder no pueda crear ni modificar a voluntad.
Ese algo, históricamente, ha sido la verdad.
-Este ensayo se publicó el día del cambio de mando presidencial en Chile-
