No suelo escribir desde la reacción inmediata. Prefiero la distancia, la reflexión, el tiempo. Pero hay momentos en que el silencio también se vuelve una forma de renuncia.
Soy evangélico. Tengo 67 años. Soy cuarta generación de evangélicos en Chile, y si cuento a mis hijos y nietos, mi familia suma ya seis generaciones viviendo la fe en este país. Los evangélicos hemos pasado por tiempos difíciles, por épocas de marginalidad social, por momentos en que ser evangélico significaba ser invisible o irrelevante, o incluso ridiculizable. Pero, curiosamente, nunca me había sentido discriminado por mi fe como ahora.
El reciente nombramiento de Judith Marín como ministra de la Mujer y la Equidad de Género ha provocado un revuelo que va mucho más allá del debate político legítimo. No la conozco. No estoy evaluando aquí si tiene o no las competencias necesarias para ejercer el cargo. Tampoco estoy defendiendo sus ideas ni su identidad política. Ese no es mi punto. Mi preocupación es otra, más profunda e inquietante.
He observado con atención cómo una parte importante de las críticas dirigidas a ella no se centran en su trayectoria profesional ni en su capacidad de gestión, sino en su identidad religiosa. Se la cuestiona, se la descalifica y se la caricaturiza por ser evangélica, como si esa sola condición la volviera automáticamente incapaz, peligrosa o indigna de ocupar un cargo público. En algunos discursos, explícitos o implícitos, la fe cristiana evangélica aparece tratada como una amenaza para la vida democrática, como un residuo incómodo que debería quedar fuera del espacio público.
Es cierto que también se le critica por sostener convicciones provida. Pero conviene decirlo con honestidad: para un cristiano evangélico, la defensa de la vida no es una excentricidad ideológica ni una postura opcional. Es una consecuencia directa de su fe. Dios es Dios de vida, y un evangélico no puede, sin violentar su conciencia, dejar de sostener esa convicción. La pregunta entonces se vuelve inevitable y profundamente inquietante: ¿significa eso que quienes viven su fe cristiana evangélica de manera coherente deben ser excluidos de toda la vida pública? ¿Que solo quienes dejan su fe en la puerta pueden servir al país? Porque, si uno escucha con atención muchas de las críticas dirigidas a esta futura ministra, lo que parece decirse al país es algo aún más grave: que solo quienes adhieren a una determinada visión moral, aquella que hoy se identifica como “pro-choice”, tendrían derecho a participar activamente en la arena de la política pública.
Lo que está en juego, por tanto, no es solo el nombramiento de una persona ni una controversia coyuntural. Lo que se pone en cuestión es algo mucho más delicado: el lugar legítimo de la conciencia en una sociedad democrática y plural. Una democracia sana no se define por la homogeneidad de sus convicciones, sino por su capacidad de albergar desacuerdos profundos sin convertirlos en mecanismos de exclusión. Cuando ciertas creencias religiosas o morales pasan a ser tratadas como credenciales negativas, cuando se insinúa que solo quienes adoptan una determinada visión ética son aptos para el servicio público, el pluralismo deja de ser una promesa y se transforma en una consigna vacía. La verdadera prueba de la democracia no es si tolera lo que nos resulta cómodo, sino si es capaz de convivir con convicciones que no compartimos sin por ello expulsarlas del espacio común.
Y ahí es donde algo se quiebra.
Porque cuando una persona es deslegitimada no por lo que hace, sino por lo que cree; cuando su fe es usada como argumento para excluirla o desacreditarla; cuando se instala la idea de que ciertas convicciones religiosas son, por definición, incompatibles con el servicio público, entonces ya no estamos ante una crítica política. Estamos ante una forma de discriminación religiosa.
Esto me duele no solo como creyente, sino como ciudadano. Me duele como alguien que ha vivido toda su vida en Chile sin sentir que su fe lo convierte en un problema. Me duele como parte de una comunidad que ha contribuido silenciosamente al país, que ha servido en barrios, hospitales, escuelas y obras sociales, y que ahora parece ser mirada con sospecha.
Chile siempre ha sido un país plural, con tensiones, sí, pero también con un cierto respeto básico por la diversidad religiosa. Ver cómo ese respeto se erosiona, y cómo la fe evangélica comienza a ser tratada como una marca negativa en el currículum público, es algo que no puedo pasar por alto.
No pido privilegios. No pido inmunidad frente a la crítica. Pido algo mucho más simple y, a la vez, más fundamental: que nadie sea juzgado o descalificado únicamente por su fe.
Hoy escribo esto no para defender a una ministra, sino para dar nombre a una experiencia personal que nunca pensé vivir: la de sentirme, por primera vez, discriminado y un poco extranjero en mi propio país a causa de mis convicciones religiosas.
Y eso, creo, debería preocuparnos a todos.
Samuel Morrison
anglicanodelsur.com
